A principios de marzo de 2020, la pandemia de SARS-CoV-2 se extendió por todo América Central. Desde el primer caso declarado en Costa Rica, el 6 de marzo, hasta la prolongada denegación del régimen de Ortega, las respuestas de los gobiernos centroamericanos han puesto una vez más de relieve la fragmentación de lo que a veces se ha denominado «los Balcanes caribeños».
De hecho, El Salvador cerró inmediatamente sus fronteras y aplicó medidas drásticas de contención, mientras Costa Rica declaraba un estado de emergencia sanitaria preventivo, sin por ello restringir totalmente las capacidades de movimiento o las actividades comerciales. Honduras y Guatemala, por su parte, se apegaron más a la evolución de la pandemia. Honduras puso en marcha un plan de apoyo económico incluso antes de adoptar medidas de contención y decretar un toque de queda absoluto, en lo que Guatemala se centraba en la prevención y en las restricciones parciales de movilidad por finalmente declarar el estado de calamidad. Belice, que se vio afectado tardíamente, estableció sin embargo medidas estrictas de cuarentena y de toque de queda, cuando Panamá, gravemente afectado, promulgó medidas de contención tan severas como insólitas. En cuanto a Nicaragua, el régimen sandinista optó por la denegación y las contra-ordenes, no por alcanzar la famosa inmunidad colectiva, sino por apego a una ideología cripto-socialista que privilegia la recuperación económica por encima de cualquier preocupación sanitaria.
Esto muestra hasta qué punto la gestión de la pandemia de COVID-19 es ilustrativa de la diversidad de las sociedades del istmo, por no decir de sus discrepancias. Divergencias que se enraízan por parte en las rasgos sociales y políticos específicos que han pulido por largo tiempo las instituciones y mentalidades de estos países.
Por lo tanto ¿Cuáles son estas especificidades y qué nos revelan de cada una de las sociedades de la región? ¿Cómo nos ayudan en comprender mejor el manejo de la pandemia de coronavirus en el istmo centroamericano?
Début mars 2020 la pandémie de SARS-CoV-2 a déferlé sur l’Amérique centrale. Du premier cas déclaré au Costa Rica, le 6 mars, au déni prolongé du régime d’Ortega, les réponses des pouvoirs en place ont encore une fois mis en lumière la fragmentation de ce que l’on a parfois appelé les « Balkans caribéens ».
De fait, le Salvador a aussitôt fermé ses frontières et mis en place des mesures drastiques de confinement, là où le Costa Rica a décrété préventivement l’état d’urgence sanitaire, sans toutefois restreindre totalement, ni la circulation, ni les activités commerciales. Le Honduras et le Guatemala ont, eux, davantage agit au fil des évènements. Le premier a lancé un plan de soutien économique avant même de prendre des mesures de confinement puis de décréter un couvre-feu absolu, quand le second a misé d’abord sur la prévention et les restrictions partielles de mobilité pour finalement prononcer l’état de calamité. Le Belize, touché tardivement, n’en a pas moins mis en place des mesures strictes de quarantaine et de couvre-feu, là où le Panama, durement affecté, a promulgué des mesures de confinement aussi sévères qu’insolites. Quant au Nicaragua, le régime sandiniste a choisi le déni et les contre-ordres, non pas au nom de la fameuse immunité collective, mais bien d’une idéologie crypto-socialiste privilégiant la reprise économique du pays.
C’est dire combien la pandémie de COVID-19 est révélatrice des divergences des sociétés de l’isthme. Divergences, qui ne sont pas sans reposer sur des spécificités sociales et politiques inscrites longue date dans les institutions et les mentalités de ces pays.
Quelles sont en ce sens ces spécificités et que nous disent-elles de chacune des sociétés de la région ? En quoi ces traits et ces formes de société nous éclairent sur la gestion centraméricaine de la pandémie de coronavirus ?
Democracia y nacionalismo. Costa Rica a prueba del COVID-19
Primer país de la región centroamericana en haber declarado un caso de contaminación por el SARS-CoV-2, Costa Rica es hoy designado como un modelo de contención de la epidemia al lado de Taiwán y de Corea del Sur. De los argumentos avanzados para explicar ese éxito: un arraigo democrático estable y duradero, así como una economía sólida y una inversión consecuente en salud y educación.
Dictadura e ideología. El desafío de la pandemia en Nicaragua
La estrategia de laissez-faire del régimen Ortega-Murillo frente a la pandemia de SARS-CoV-2 es sin duda una estrategia económica. De hecho, se inscribe en continuidad de la retórica de «normalización» que el partido sandinista y sus partidarios no dejan de repetir desde el fin de las manifestaciones de abril a junio de 2018. Recordemos en efecto los acontecimientos que llevaron a la crisis de 2018. Diez años antes, Daniel Ortega y el Frente sandinista habían regresado al poder gracias a una manipulación constitucional pactada con el partido liberal. Tan pronto como asumió el cargo, Ortega se aseguro la fidelidad de las instituciones del país, utilizando el fraude y la intimidación cuando necesario. Pero si Ortega logro mantenerse en el poder, fue también gracias a los flujos de cooperación y de intercambios mercantiles obtenidos con su inserción en una economía regional dinámica y sobre todo su inclusión en la Alianza Bolivariana (ALBA). Durante diez años, el gobierno de Ortega se benefició de la generosidad de Venezuela y de la demanda china, así como del pragmatismo de los empresarios nacionales y centroamericanos que no dudaron en dejar de lado su apego a las libertades políticas a cambio de facilidades de inversión y de flexibilidad laboral.
El Salvador frente a la pandemia: ¿la tentación populista?
Primer país de la región centroamericana en haber tomado medidas de protección contra la propagación de la pandemia de COVID-19, El Salvador se ha progresivamente convertido de una nación alabada por sus capacidades de reacción y de prevención a un tema de preocupación por la comunidad internacional y las ONGs de defensa de los derechos humanos. En efecto, al principio, la gestión salvadoreña se había destacado por su anticipación. Así, el 22 de enero 2020, luego de que se diera a conocer el primer caso importado en Estados Unidos, el Ministerio de Salud había acatado inmediatamente los protocolos de vigilancia epidemiológica de la OMS e implementado controles sanitarios estrictos a la entrada del aeropuerto internacional de Comalapa. Luego, aun sin casos confirmados de COVID-19, el 11 de marzo, horas después de que la OMS haya calificado la epidemia de coronavirus de pandemia, el presidente Nayib Bukele retomo personalmente la estrategia de prevención decretando el estado de emergencia nacional. Se suspendieron entonces todas las actividades escolares públicas y privadas hasta 21 días, lapso de vigencia del decreto ejecutivo, así como se prohibió la entrada al territorio salvadoreño de todo extranjero que no sea diplomático o residente, y se le aplico una cuarentena de 30 días a todas aquellas personas que ingresen al territorio salvadoreño por cualquier vía.
Honduras: Estado fallido y crisis sanitaria
Hasta mayo 2021, Honduras ha sido uno de los países más afectados de la región centroamericana por la pandemia de COVID-19, con 215 833 casos registrados, 5 318 fallecidos y un promedio de 835 nuevos casos diarios censados en las últimas 72 horas (02/05/2021).
Después de la confirmación de los primeros casos en territorio nacional, el 11 de marzo 2020 el gobierno hondureño decretó estado de emergencia sanitaria en todo el país y comenzó a tomar medidas para controlar la pandemia, tales como la prohibición de eventos multitudinarios, la cancelación de las clases presenciales en los centros educativos y las universidades, así como la restricción de acceso al territorio nacional de extranjeros provenientes de Europa, China, Irán y Corea del Sur.
La pandemia de covid-19 en Guatemala: debilidad del Estado y respuestas ciudadanas
A mediados de septiembre de 2020, Guatemala registra más de 80,000 casos de infecciones de coronavirus y cerca de 3000 decesos, con una gran concentración de casos en la zona de la Ciudad de Guatemala, la capital, así como alrededor de la ciudad de Antigua, las dos zonas que reúnen la mayor densidad de población del país. A principios de marzo, el gobierno del nuevo presidente Alejandro Giamattei, quien fue elegido en agosto de 2019 y entró en funciones en enero de este año, parecía estar reaccionando rápidamente a la amenaza sanitaria al establecer un “estado de calamidad” a partir del 9 de marzo. El anuncio oficial del primer enfermo de covid-19 tuvo lugar el 13 de marzo siguiente. Se aplicaron fuertes restricciones y el 23 de marzo el gobierno decretó un toque de queda para todo el territorio, de las 16 horas a las 4 de la mañana, así como la prohibición casi total de viajar de un departamento a otro. Previstas inicialmente para una semana, estas medidas finalmente se mantuvieron hasta fines del mes de julio, pasando por distintas etapas de endurecimiento y flexibilidad. Desde agosto, el país vuelve a activar progresivamente sus actividades económicas y servicios públicos –en especial el transporte– e intenta regresar a una forma de “normalidad”, a pesar de que se mantienen el estado de calamidad y muchas reglas restrictivas. El nivel de aprobación de las acciones del gobierno por parte de la población está en descenso constante, con menos del 40% de opinión positiva en contraste con más del 80% en abril pasado.
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