por Benjamin Moallic
La inercia del régimen: una estrategia económica
La estrategia de laissez-faire del régimen Ortega-Murillo frente a la pandemia de SARS-CoV-2 es sin duda una estrategia económica. De hecho, se inscribe en continuidad de la retórica de «normalización» que el partido sandinista y sus partidarios no dejan de repetir desde el fin de las manifestaciones de abril a junio de 2018. Recordemos en efecto los acontecimientos que llevaron a la crisis de 2018. Diez años antes, Daniel Ortega y el Frente sandinista habían regresado al poder gracias a una manipulación constitucional pactada con el partido liberal. Tan pronto como asumió el cargo, Ortega se aseguro la fidelidad de las instituciones del país, utilizando el fraude y la intimidación cuando necesario. Pero si Ortega logró mantenerse en el poder, fue también gracias a los flujos de cooperación y de intercambios mercantiles obtenidos con su inserción en una economía regional dinámica y sobre todo su inclusión en la Alianza Bolivariana (ALBA). Durante diez años, el gobierno de Ortega se benefició de la generosidad de Venezuela y de la demanda china, así como del pragmatismo de los empresarios nacionales y centroamericanos que no dudaron en dejar de lado su apego a las libertades políticas a cambio de facilidades de inversión y de flexibilidad laboral.
Pero la desaceleración de la economía china y el colapso económico de Venezuela han terminado por afectar las tasas de crecimiento del PIB y las capacidades de redistribución del Estado. A partir de 2017 el país experimento una importante desaceleración y un gran problema de contracción del consumo interno. La tendencia se intensificó con el primer trimestre de 2018. Además de esto, salieron a la luz escándalos de corrupción y de explotación despiadada de los recursos ecológicos del país por parte del régimen. Como resultado, en abril de 2018, estallaron manifestaciones puntuales contra el régimen de Daniel Ortega y el dominio del partido sandinista sobre las instituciones del país.
En el último número de la revista TRACE (N°77, 2019), Delphine Lacombe, investigadora asociada del CEMCA, relata detalladamente los acontecimientos que llevaron a la insurrección cívica contra el régimen de Ortega-Murillo. Por ello, hace la crónica de una dictadura anunciada y denunciada tempranamente, pero mucho tiempo ignorada por la opinión pública internacional, la cual se mostró reacia a protestar.
La insurgencia y las represiones orquestadas por el partido-estado han terminado de hundir el país en la recesión. El PIB cayó un 4,1% en 2018 y un 2% en 2019. Es decir, si el año 2020 es un año crucial para el régimen. Sobre todo, que las elecciones del 2021 se acercan rápidamente y que los sandinistas pretenden convertirlas en un plebiscito masivo para el Comandante. Sin embargo, la crisis económica se tradujo por una drástica reducción de los ingresos fiscales del Estado. Más aún la administración norteamericana y la Unión Europea han sancionado los principales dignatarios del régimen y el clan Ortega, impidiéndoles conseguir recursos por medio de negocios o solicitando préstamos al FMI o los Bancos centrales de la región. Por lo tanto, en los últimos años, el partido sandinista ha perdido su capacidad de redistribución de bienes como de prebendas. De ahí la necesidad urgente de una recuperación económica rápida. Tanto más que el argumento emblemático de los fieles del régimen para que Daniel Ortega se mantenga sine die a la cabeza del país no es otro que la celebración de las altas tasas de crecimiento del pasado y la evocación votiva de las listas de infraestructuras construidas por la dictadura.
Un fondo ideológico
Sin embargo, el pragmatismo del clan Ortega y del partido sandinista no pueden explicar por sí solo la inacción del régimen. Cabe recordar también que el partido hizo un llamamiento a las movilizaciones y al mantenimiento de las celebraciones públicas muy a pesar de las recomendaciones de la OMS. El partido-estado no sólo alentó a los padres a enviar a sus hijos a las escuelas, las cuales permanecieron abiertas, sino que la policía y los directores de escuelas llegaron a amenazar a los que se negaron a hacerlo. Asimismo, muchos municipios sandinistas organizaron conciertos y desfiles para la Semana Santa o las fiestas patronales, mientras el Ministerio de Turismo hacia un llamado a los nicaragüenses para que llenen sin miedo las playas del Pacífico o para que los operadores turísticos sigan ofreciendo paquetes turísticos a sus clientes.
Es que, como lo recordó Gilles Bataillon en un artículo publicado en la revista TRACE (N°66, 2014), el partido sandinista se concibe ante todo como un instrumento de movilización de las masas y de seguimiento de las ordenes del líder, héroe civilizador y encarnación del pueblo. Éste último se convierte en una especie de figura sagrada, el garante del orden frente a la barbarie. Y cualquier critica en contra de caudillo sólo puede ser un ataque contra el pueblo. De alli la retórica teológico-política que rodeó la llegada del COVID-19 en Nicaragua. Éste ha sido sistematicament denegado como una manipulación del extrajero, mientras los medicos que alertaban la opinion publica eran designados como golpistas llenos de ira y agentes del caos.
Pero la epidemia también ha sido desde el principio un momento oportuno de reforzamiento de la ideología del partido. Recordando los más extravagantes discursos de la URSS sobre la superioridad de la medicina socialista, jugando con la fe partidista y el misticismo, la Primera Dama y los fieles del partido negaron tanto la existencia del virus, tanto la posibilidad de transmisión intracomunitaria, para luego afirmar que Nicaragua controlará el virus gracias al Interferón Alfa 2B de los cubanos y muy pronto creará una vacuna anti-covid gracias al moderno laboratorio construido con la hermana República de Rusia. Esto muestra cuánto la ideología envuelve al partido-estado y a sus partidarios, y requiere de ellos más bien una demostración que una confianza razonable.
Por lo otro, las contraórdenes y otras contraindicaciones implementadas por el gobierno son otros signos de esta ideología. Son otras consignas surgidas de la neolengua utilizada por la Primera Dama y sus seguidores, quienes diariamente tratan de torcer la realidad haciéndose pasar por campeones del «amor» y la «paz», hablando de «normalidad» y «hermandad», convirtiendo cada crítica en «prueba de odio»; Primera Dama y seguidores que, de hecho, orquestaron una campaña de asesinato, limpieza y preparación para la guerra.
En otras palabras, predicar la “normalidad” en la época de COVID, como lo pretende el régimen, es una muestra más de la disposición creyente que transciende el partido y sus militantes.
Desencantamiento y auto-confinamiento
Pero ese discurso de «normalización» es también en dirección de la comunidad internacional. En efecto, entre abril y agosto de 2018, unos 60.000 nicaragüenses huyeron de la represión de la dictadura para refugiarse en el país vecino de Costa Rica, en los Estados Unidos o en Europa. Este grupo de exiliados ha desde entonces sensibilizado la opinión pública internacional sobre las violaciones de los derechos humanos y de la Constitución de Nicaragua.
La película Exiliada de Leonor Zuñiga, proyectada el pasado mes de enero por el CEMCA y el CinéIFAL, es testigo de ello. Cuenta la historia de la lucha de Zoilamerica Narváez, hija adoptiva de Daniel Ortega, abusada sexualmente por él y ahora exiliada en Costa Rica, donde continúa su denuncia de la dictadura familiar y de su adueñamiento de Nicaragua.
Frente a esta presión internacional, el gobierno ha respondido con refuerzos de propaganda. Movilizar a los fieles, llenar las calles, los mercados y lugares de recreación, esta es la imagen que quiere promulgar. Es la imagen opuesta a la reflejada por el otro segmento de la población, confinado en sus hogares desde julio del 2018, entonces por temor a la represión y la interdicción de manifestación, hoy por auto-confinamiento. Porque a pesar de las amenazas de la policía o los comités de barrio, muchos han bajado las cortinas de sus tiendas, han cerrado sus negocios y han puesto a sus empleados en trabajo a distancia. Las iglesias han pedido a sus congregaciones que comulguen desde casa. En cuanto a las escuelas y universidades privadas, la mayoría han cerrado y optado por la educación a distancia. De tal manera que todo un sector de la sociedad ha tomado sus propias medidas de seguridad, auto-confinándose y dejando a los que llaman los «fanáticos» contaminarse por el «amor» al partido y su caudillo.
Muchos de estos auto-confinados salieron a las calles en abril de 2018. Pero otros son simpatizantes del Frente decepcionados por la gestión de la pandemia y los riesgos que la inacción e imprudencia del partido hace recaer sobre la población. Y esta inercia se ha vuelto una piedra más al edificio de desencanto que vienen experimentando muchos sandinistas desde los años 80.
La historia de esta desilusión es de hecho el tema del documental de Mercedes Moncada, Palabras Mágicas: para romper un encantamiento, proyectado el pasado noviembre por el CEMCA y el CinéIFAL. Una película poética en la que el autor se sirve de alegorías y analogías para desandar el camino de esta desilusión personal y colectiva ante una utopía caída, si no desviada, que se asemeja cada vez más al somozismo antaño denigrado.
Las incertidumbres por venir
A fin de cuentas, el futuro de Nicaragua sigue siendo incierto. En primer lugar, porque el desenvolvimiento por venir de la epidemia de SARS-CoV-2 sigue siendo desconocido y el Ministerio de Salud está haciendo todo lo posible para ocultar la realidad de las cifras y de las muertes. Así de las actas de defunción que se extienden sistemáticamente con las palabras «neumonía atípica» o «ataque cardíaco». Así también de la política de entierro del Ministerio, quien manda a enterrar los cuerpos clandestinamente en fosas comunes alejadas de los centros urbanos, a altas horas de la noche.
También existen incertidumbres sobre la situación económica del país y la capacidad del Estado por apoyar a las empresas en dificultades, fuera de cualquier criterio partidario. Y más ahora que el régimen se ha visto restringir el acceso al sistema bancario internacional y demás mecanismos de préstamo como resultado de las sanciones.
En fin, la mayor incertidumbre concierne la celebración de elecciones libres en 2021. En primer lugar, porque la crisis de COVID dio la oportunidad al gobierno de rechazar la propuesta de reforma electoral impuesta por la comunidad internacional como desenlace a la crisis del 2018. Pero también porque, dado el grado de desencanto de la sociedad nicaragüense, es difícil pensar que la pareja presidencial y al FSLN jugaran su futuro en las urnas.
Recordemos al respecto el articulo de Abelardo Baldizon, publicado en la revista TRACE (Nº 48, 2005), en el cual subraya lo precaria que sigue siendo la idea de legitimidad electoral en la cultura política nicaragüense y a fortiori en la imaginación del Frente Sandinista. Al rastrear el uso del voto por parte de los sandinistas, muestra que el voto ha sido durante mucho tiempo una forma mas de arribo al poder e incluso una fachada para encubrir negociaciones en la cumbre, recordándonos que el fraude y los acuerdos pre-electorales siguen siendo la norma.
Por último, repasemonos el documental de Clara Ott y Gilles Bataillon, presentado por el CEMCA y el CinéIFAL en noviembre 2019, Nicaragua: Una revolución confiscada. Y parémonos sobre las palabras de los antiguos comandantes del Frente, entre ellos Henri Ruiz, quienes recordando lo convencidos que estaban de que ganarían las elecciones de 1989, alegan que si hubieran sabido que las perderían, habrían organizado un fraude masivo. Hoy en día el escenario parece repetirse y todo nos lleva a creer que Daniel Ortega no tiene la intención de cometer de nuevo lo que antaño consideró como un «error».
